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Para un estado social público-privado | Compañías

Para un estado social público-privado | Compañías

El retraso histórico en España de la construcción de un Estado social, durante los siglos XIX y XX, dio lugar a un papel importante para el sector privado en la provisión de servicios públicos. La educación deficiente fue asistida, en buena parte, por una red de escuelas religiosas privadas, sin perjuicio de los intentos encomiables de articular un sistema educativo público que también llegó a las zonas rurales, dignificando la figura importante del maestro de la aldea y reduciendo la altos niveles de educación. analfabetismo. El retraso en la salud fue cubierto, desde sus orígenes históricos en el futuro, por mutuas privadas, garantías privadas y entidades caritativas religiosas, y solo el seguro de salud social limitado de los años cuarenta comenzó a introducir el riesgo de salud pública dentro de la cobertura ampliada de la Seguridad Social. . Estos dos pilares de cualquier estado social fueron proporcionados esencialmente por entidades privadas en colaboración con servicios públicos insuficientes.

La inauguración de nuestro sistema constitucional actual de 1978, proclamando a España como un estado social, implicó un gran desarrollo de los servicios públicos esenciales para la comunidad. Entre los logros del período socialdemócrata clásico de los años 80, liderado por Felipe González, está la implementación de la educación pública universal y la salud, y con algunos matices, sin costo alguno, que han colocado a España entre los estados benefactores europeos. Esta construcción se llevó a cabo, con gran inteligencia, sobre esta base histórica de una red existente de entidades educativas y sanitarias privadas que ocupaban una gran parte de nuestro paisaje social. Desde entonces, la colaboración público-privada en la provisión de servicios esenciales tan básicos e importantes para la población ha sido una constante y un sello distintivo de nuestro estado social.

En el campo educativo, los conciertos públicos concebidos entonces integraron buena parte de la red privada, configurando un sistema mixto establecido que, con algunas tensiones y disfunciones, tiene un equilibrio razonable. En salud, la opción era derivar funcionarios estatales a la amplia red privada de salud, mantener el rol de accidentes mutuos en la colaboración privada de contingencias profesionales de salud y permitir varias fórmulas de gestión privada de este servicio público esenciales. Esta metodología se desarrolló posteriormente en la gestión sanitaria de las Comunidades Autónomas con un saldo, salvo algunos problemas identificados, satisfactorio.

Un paseo por cualquier ciudad española muestra un paisaje de hospitales y consultas privadas que convive con una poderosa red hospitalaria y centros de salud pública, o muchas escuelas privadas, la mayoría de ellas nombres religiosos, que conviven con las escuelas públicas. Lo público y lo privado configuran la España social porque el tiempo perdido histórico solo pudo recuperarse de esta ambivalencia. A pesar de esto, en ciertos sectores ideológicos ha surgido una nostalgia por la exclusividad pública y un rechazo visceral a lo privado, como si nuestro país careciera de Historia o nuestro Estado de bienestar democrático hubiera sido fundado de la nada. La crisis y los recortes presupuestarios también han llevado a cuestionar estos modelos mixtos, sin preguntar, en este momento difícil, qué habría sido de nuestros servicios públicos de educación y salud, si una buena parte de la población que los recibe, en áreas privadas , estaba en el sector específicamente público.

La crisis y estas resistencias ideológicas a los modelos mixtos han bloqueado, últimamente, los sistemas de colaboración entre ambas esferas de nuestro estado social. Las reformas laborales articularon legalmente fórmulas muy interesantes de colaboración público-privada en los servicios de empleo que apenas se han utilizado. La capacitación, adaptación y colocación de los desempleados a través de agencias privadas, incluidas las agencias de empleo temporal, en colaboración con los servicios públicos de empleo, se desperdicia cuando los índices de colocación pública son mínimos. Del mismo modo, ambiciosos proyectos sociales ya planteados en los gobiernos de Zapatero, como la Ley de Dependencia o la universalización de la educación entre 0 y 3 años, han tenido poco recorrido, debido a la falta de presupuestos, pero también por el escaso coraje para utilizar el sector para su ejecución.

Es necesario, con recuperación económica, continuar profundizando en la España social. Pero siendo conscientes de nuestra historia, signos de identidad y realidad. Debemos recuperar y aprovechar al máximo la colaboración público-privada en el desarrollo social, introduciendo incentivos en la sociedad civil y las empresas para lograr el beneficio de todos. Y no inventar un país de exclusividad pública eficiente que nunca existió.

Jesús Lahera es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense

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