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Nadal no descarta el interés de operadores extranjeros en la nuclear española | Compañías

Nadal no descarta el interés de operadores extranjeros en la nuclear española | Compañías

El Ministerio de Energía ha eliminado el hierro del informe aprobado ayer por el plenario de la CNMC sobre su propuesta de un real decreto que amplía los supuestos para autorizar el cierre de plantas de generación de energía. A pesar de la dureza de la opinión, en la que el ente supervisor asegura que el decreto no tiene cobertura legal, es retroactivo, inconstitucional, viola la legislación comunitaria y va en contra de la libertad de negocios, el departamento que dirige Alvaro Nadal considera que la CNMC comparte con la Gobierno la necesidad de "dar una solución regulatoria" a una posible avalancha de solicitudes de cierre. En los aleros es posible el cierre de las plantas de carbón pero, sobre todo, las centrales nucleares, cuya vida útil expirará en la primera mitad de la próxima década.

Fuentes del Ministerio afirman que, aunque ninguna empresa ha solicitado el cierre de ninguna de estas instalaciones, es pública la intención de algunos operadores, como Iberdrola, "no solicitar autorización para renovar licencias". Dada la dificultad de encontrar empresas en España que puedan gestionar hoy una central nuclear que no es una de las tres grandes compañías eléctricas (además de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa), las mismas fuentes aluden "al posible interés de los operadores" internacional ". Esto indica que el ministerio, que reconoce que no ha habido contactos concretos, abre la puerta a la entrada de inversionistas extranjeros en la flota nuclear española, la mitad de la cual es propiedad indirecta de la compañía italiana Enel. Todo antes de permitir el cierre de plantas que pueden tener un efecto negativo en la electricidad o los precios ambientales.

En este sentido, reconocen "la preocupación" por Almaraz (la próxima que debe renovarse) e insisten en la necesidad de evaluar los permisos de cierre más allá de la simple seguridad del suministro. Y recuerde que la propia CNMC en un informe sobre la competencia en el mercado mayorista mostró su preocupación por "la propiedad de las centrales hidroeléctricas".

Lejos de admitir que el controvertido real decreto en proceso carece de estatus legal, no está incluido en la Ley de Electricidad, los nuevos criterios para el cierre (además de la seguridad del suministro, que la ley establece, incluyen razones de precio , competencia, medio ambiente y planificación), en Energy argumentan que la ley del sector ya incluye estos supuestos. Una interpretación que, en todo caso, debe ser aclarada por el Consejo de Estado, ya que no es competencia de la CNMC entrar en materia jurídica, señale las mismas fuentes, que recuerdan que la opinión del órgano que preside José María Marín no es vinculante.

A pesar de esta posición, el ministerio, que reconoce que la validez legal "es el principal obstáculo" del decreto, dice que aspirar a encontrar el consenso político, que ha estado persiguiendo durante un año, para permitir su aprobación. medidas como un proyecto de ley. A pesar de los intentos y la presión de Nadal, el grupo socialista se ha negado a brindar su apoyo en este tema.

La CNMC cuestiona la urgencia de la medida, dada la sobrecapacidad del sistema eléctrico. Algo con lo que los jefes del Ministerio no están de acuerdo: "tiene que ser regulado urgentemente", insisten, "porque existe la posibilidad de que se produzcan cierres relevantes" y ante el proceso de transición energética y el nuevo marco normativo Comunidad marco "No se puede permitir que algunos agentes aprovechen la ausencia de regulación".

Sobre algunas recomendaciones de la opinión, en el departamento de Nadal, dicen que ya se están cumpliendo o están en él, como la metodología para detectar problemas de suministro, "que ya hemos tratado con la CE" o la hibernación o cierre temporal de plantas, en este último caso, los efectos económicos podrían ser los mismos que los del cierre final de las plantas, indicar en Energía, donde se muestran partidarios de la hibernación mientras los propietarios de las plantas no cobren por eso.

Después de negar que se trata de una medida retroactiva, como sostiene la CNMC, o que viola la libertad de empresa, el ministerio está dispuesto a modificar el controvertido texto en términos de la simplificación de las subastas (que también pueden ser atendidas por los propietarios que tienen la intención de cerrar la instalación).

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