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El impacto ambiental incontrolado de una demolición | Compañías

El impacto ambiental incontrolado de una demolición | Compañías

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La Comisión Europea está promoviendo un protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en un momento en que el gobierno está preparando cambios al real decreto que regula esta actividad en España. El documento de la comunidad no es una directiva de aplicación obligatoria, sino solo un conjunto de recomendaciones que las empresas del sector esperan servir como una guía para las comunidades autónomas y los municipios, en última instancia, responsables de garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. [19659002] Gestos simples como depositar los plásticos en el contenedor amarillo y los cartones en gris se han convertido en algo cotidiano, lo que permite a España avanzar en el reciclaje de residuos domésticos e industriales, aunque todavía está muy por debajo de la media europea

Pero hay otro tipo de desechos de tamaño considerable y flujo irregular que ha recibido muy poca atención: los desechos generados por la construcción y demolición de edificios y las infraestructuras de transporte.

Ladrillos, bloques de cemento, madera, cerraduras, muebles, inodoros, tuberías, cables eléctricos … la gran mayoría de estos restos se han mezclado en vertederos clandestinos en las afueras de las ciudades, ante la vista y la paciencia de las autoridades.

La UE ha publicado un conjunto de recomendaciones cuando se está revisando el decreto nacional

Aunque no fueron residuos de la construcción, el incendio del depósito ilegal de neumáticos de Seseña, en Toledo, es un ejemplo de lo que puede suceder a esta inacción En el accidente, que ocurrió en mayo de 2016, se quemaron 88,000 toneladas de llantas que se habían acumulado allí durante 14 años, a pesar de las sanciones, multas y advertencias.

Según Ecologists in Action, el incendio contaminó la zona con sustancias tóxicas como el benzopireno, pero el estudio de una comisión de expertos en calidad del aire constituida por la Junta de Castilla-La Mancha rechazó esta posibilidad y dictaminó que después del trabajo de recuperación, la trama había sido limpiada de residuos contaminantes.

se cerró el vertedero cuando se declaró el incendio y se dictaron sentencias para fijar multas a los responsables, pero un año y medio después nadie ha ido a la cárcel ni ha pasado nada “, lamenta José Blanco, secretario general de Aeded, el Asociación española de demolición, descontaminación, corte y perforación.

La gestión de los residuos de la construcción está fuera de control en España a pesar de que el Gobierno En 2008, se aprobó un decreto que obliga a los desarrolladores de edificios e infraestructuras a incluir un estudio sobre la gestión de residuos de construcción y demolición en sus proyectos. Debe estimar la cantidad de residuos que se generarán (en toneladas y en metros cúbicos) y debe indicar cómo se separarán en el mismo lugar de trabajo. costo de esta gestión, incluyéndolo en el presupuesto, entre otros requisitos.

Como las competencias ambientales se han transferido a las comunidades autónomas y los municipios, Depende de estas Administraciones controlar el cumplimiento del decreto. El problema, según Blanco, es que la mayoría de los más de 8,000 municipios en España no tienen una ordenanza específica para la gestión de residuos de construcción y demolición (RCD).

A nivel comunitario, el País Vasco es la excepción, “son verdaderos campeones en el reciclaje”, pero hay otros, como Madrid, “que son una preocupación real”, dice. “Cuando das un paseo por la M-40, es fácil ver vertederos ilegales donde crece la hierba”, dice.

Hace un mes y medio, el Ministerio de Medio Ambiente lo sometió a revisión el Real Decreto 105 de 2008 para mejorar su eficacia y adaptarlo a la Ley 22/2011 de residuos y suelo. La actualización tomará más de un año, ya que la opinión de las comunidades autónomas debe solicitarse y someterse a consulta pública.

Sin embargo, Blanco insiste en que lo más importante no es mejorar las regulaciones, sino asegurarse de que se cumplan, “con eso sería suficiente”. “En ese momento, el decreto era una norma por delante de es hora, pero faltan mecanismos de monitoreo y control “, dice.

Cifras

45 millones toneladas de residuos de construcción y demolición se producen todos los años en España, poco más de un millón por habitante.

6 millones se gestionan en plantas asociadas a la Federación RCD. Otros 5 millones son tratados con garantías de valoración por otras compañías.

450 millones euros ahorrarían el país si todo el volumen se tratara correctamente.

Ricardo Cortés, director técnico de Seopan, dice que la asociación de empresas constructoras y concesionarias de infraestructura confía en que la nueva ley resolverá problemas como la necesidad de una definición inequívoca de productor y poseedor de residuos. De acuerdo con el Decreto 105, el productor es cualquier compañía o persona que produce desechos y, el poseedor, quien los posee y no tiene el estatus de administrador de desechos.

Pero, de acuerdo con la Ley 22, el poseedor también puede ser el generador de escombros. Actualmente, cada municipio resuelve este conflicto a su manera, sin que exista un solo criterio, que es lo que Seopan pregunta.

La asociación de empresas constructoras y concesionarias también espera que la nueva ley contemple la reutilización de tierras y otros residuos inertes “de la manera más fácil y amplia posible”, exijan un mayor rigor a los estudios de gestión de residuos que obligatoriamente deben incluir el proyecto de ejecución de trabajo, imponer la separación de materiales en origen y especificar la definición de fin de desperdicio, entre otras medidas.

“A estas cuestiones operativas debe agregarse la necesidad de simplificar los aspectos burocráticos y la documentación inherente a esta gestión, los procedimientos de las garantías y su recuperación y, muy importante, la unificación de criterios en las comunidades autónomas y los organismos locales en todos los aspectos, principalmente en relación al transporte, entrega y mantenimiento de residuos “, deta lla Cortés.

El decreto establece que los promotores están obligados a depositar un bono a los municipios antes de realizar un trabajo para garantizar que los escombros serán tratados adecuadamente, pero de acuerdo con la Federación Española de Asociaciones de Valorización de RCD (Federación RCD), solo El 5% de los consistorios exige este endoso. En otros casos, como la cantidad de residuos estimada en el proyecto de ejecución no coincide con la cantidad realmente generada al final del trabajo, la Administración retiene el depósito y no lo devuelve.

Según esta federación, alrededor del 75% de los escombros son tratados de forma incorrecta, ilegal y en muchos casos delictivos, causando graves impactos ambientales y paisajísticos, desperdiciando una materia prima necesaria y comprometiendo la existencia del sector de reciclaje y recuperación.

“En cualquier caso, y con las excepciones que implica toda generalización -aclaró Cortés, de Seopan-, conviene diferenciar entre la gestión de los DMC que se generan en obras de infraestructura y la que se lleva a cabo en la construcción y rehabilitación. En el primero, básicamente ejecutado por empresas acostumbradas a las normas que rigen la contratación pública, que requieren más recursos y todo tipo de certificaciones, la gestión se lleva a cabo según lo especificado en el decreto 105 “, explica.

El problema real se encuentra en el edificio, a menudo ejecutado por pequeñas empresas, que representa entre el 70% y el 75% de las obras en España.

La actualización del decreto ha coincidido con la publicación por la Comisión Europea de un protocolo de gestión de DCR. Aeded, Seopan y otras organizaciones empresariales y profesionales participaron en su presentación en Madrid en noviembre pasado.

Según Bruselas, cada ciudadano europeo genera más de dos toneladas de escombros por año (hasta tres, según Cortés, de Aeded). Para transformar esta montaña de residuos en una oportunidad económica y social, la Comisión elaboró ​​el documento, que contiene una serie de recomendaciones.

El objetivo es que la Unión Europea ahorre alrededor de 7.500 millones de euros al año al tratar mejor los materiales de las obras de construcción y demolición, teniendo en cuenta que se generan más de dos toneladas per cápita por año y el costo de cada uno 10 euros

En España, el impacto podría ser cercano a los 450 millones, según la Federación RCD. “Hay una necesidad de incentivos fiscales -no de subsidios- para el uso de materiales verdes en las licitaciones públicas, de modo que el contratista sea compensado con un ladrillo u hormigón reciclado, incluso si cuesta más”, dice Cortés.

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