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Baleares, la primera autonomía que finaliza Airbnb con 300,000 euros | Compañías

Baleares, la primera autonomía que finaliza Airbnb con 300,000 euros | Compañías

Las Islas Baleares se han convertido en la primera comunidad autónoma en abrir un archivo de sanciones contra Airbnb. Concretamente, ha anunciado una sanción de 300.000 euros para la plataforma de economía colaborativa por comercializar viviendas de alquiler que no estaban registradas en el registro que el Ejecutivo Balear ha autorizado para este fin.

La nueva Ley de Turismo de las Islas Baleares, en vigor desde julio pasado, establece que solo podrán alquilar aquellas que tengan un número de registro y que también estén ubicadas en las áreas autorizadas para tal fin. El Gobierno ha establecido límites en ciertas áreas, en las que considera que la oferta de alquiler es muy escasa y en la que el aumento de los precios ha causado un efecto de expulsión de los vecinos. La norma establece sanciones de entre 40.001 y 400.000 euros por infracciones clasificadas como muy graves s.

De esta manera, la autonomía presidida por Francina Armengol sigue los pasos del ayuntamiento de Barcelona, ​​presidido por Ada Colau, que fue la primera administración en imponer la primera sanción a Airbnb (600.000 euros). De hecho, amenazó con una segunda multa que dio lugar a la retirada de más de 2.300 anuncios que no se registraron. Airbnb anunció en un comunicado que apelará la sanción y que los grandes perdedores afectados por esta decisión son las familias de Baleares. " Es una multa contra las familias locales que comparten su hogar y que ganan 100 millones de euros al año con esta actividad . Las leyes regionales deberían ayudar a distribuir los beneficios del turismo entre las familias, en lugar de mantenerlos en el manos de unos pocos. "El registro que certifica la violación que motiva este archivo fue levantado el 1 de febrero de 2018, y contiene en sus anexos 20 hogares turísticos considerados como oferta ilegal.

La única administración con la que ha cerrado un acuerdo Airbnb tiene Andalucía . La semana pasada hicieron oficial el pacto que obligará a partir de mayo a todas las personas que quieran alquilar su vivienda a través de la plataforma en esa comunidad para registrarla previamente. Con este procedimiento obtendrán el número de registro que el Ejecutivo andaluz reclama para llevar a cabo un censo oficial de vivienda.

En el horizonte, sin embargo, aparece un riesgo aún mayor. En octubre deberán asignar al Tesoro los datos de los clientes que se hayan alojado en el tercer trimestre y en diciembre los del resto del año. Airbnb se niega a dar información de sus clientes y se protege a sí mismo en el sentido de que no intermedia entre el propietario y el inquilino y que lo único que hace es cobrar una comisión, con lo que es un operador neutral.

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